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El impacto de la ley 29/2021 sobre el aparcamiento no residencial en España

5 min

Powerdot

The role of EV chargers in the future of the retail experience

El 22 de diciembre de 2021 se aprobó la Ley 29/2021, la cual, entre otros puntos, en su artículo 4 determina que a partir de 1 de enero de 2023 en aquellos aparcamientos no residenciales con hasta 1000 plazas de aparcamiento debe haber un punto de carga para vehículo eléctricos por cada 40 plazas y, en aquellos aparcamientos que cuenten con más de 1000 plazas tiene que haber un cargador de vehículos eléctrico por cada 10 plazas.

Ya hemos superado a la fecha límite. ¿Por qué se está tan lejos del objetivo? ¿Cuál es el gran problema con los vehículos eléctricos en España?

Vamos a analizar todos estos elementos y proponer soluciones para que la movilidad sostenible sea una realidad en todo el país.

 

¿Qué establece la ley 29/2021?

En lo que se refiere a la implementación de puntos de carga en aparcamientos no residenciales, el artículo 4 de la BOE establece que la fecha límite para la instalación de estos puntos de carga era el 1 de enero de 2023. Esta ley especifica que se podría ampliar a 8 meses o incluso un año su instalación final.

Por otro lado, la ley especifica que su incumplimiento conlleva una multa/sanción para las empresas cuya cuantía todavía no ha sido determinada.

Más allá del tiempo que se establece para la aplicación de la ley, existe otro factor importante y es la potencia de los cargadores de vehículos eléctricos. En la ley se exige que los cargadores que se instalen deben de tener una potencia igual o superior a 50 kW.

Para buscar soluciones a estos problemas lo ideal es tener ayuda de expertos en el sector de los VE como lo es Powerdot que con su experiencia sería capaz de instalar los puntos de carga de vehículos eléctricos adecuados para cada espacio y cumpliendo con lo exigido por ley, tal y como lo viene haciendo en otros países como Francia o Portugal.

 

¿Por qué se está tan lejos del objetivo planteado por la ley 29/2021?

Según el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía, se espera que para el 2030 circulen unos 5 millones de VE en España. La ley 29/2021 marcó como objetivo el contar con 100 mil puntos de carga en el año 2023, pero a finales del 2022 se podían contabilizar apenas 18.128 puntos de cargas públicos, según el informe elaborado por ANFAC. Durante el último trimestre del 2022 fueron instalados 1.563 puntos de carga en España, por lo que si se continúa con este progreso, será imposible llegar a los objetivos definidos por el Gobierno para este año. Las principales causas de este lento progreso son:

 

Atascos burocráticos y tramitación administrativa

La instalación de puntos de recarga requiere de diferentes trámites a lo largo del proceso, los cuales tocan en varias entidades (Dirección General de Carreteras, Distribuidoras eléctricas, etc). Cada empresa, antes de instalar los puntos de carga correspondientes, necesita autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Para ello se generó un apartado especial con el fin de otorgar dichos permisos. Pero en la actualidad, ha sido tanta la demanda por el tan corto plazo establecido que se cuenta con un volumen de más de 8 mil expedientes que esperan aprobación para realizar la instalación de los puntos de carga.

Con lo cual, incluso aquellas empresas que han obtenido la inversión y todo lo necesario para cumplir con la ley, se ven con el inconveniente de no poder hacerlo por los problemas burocráticos.

La solución para ello recaería en la simplificación de los trámites así como también en el hecho de aumentar los espacios administrativos en los que poder ejecutar las solicitudes.

 

Información sobre puntos de conexión a la red eléctrica

Otro de los inconvenientes generales que encontramos es el hecho de que la información pública sobre la capacidad que tienen las líneas de distribución eléctrica deben de darse en el menor plazo posible. Actualmente, cuando se hace una consulta al respecto, los plazos hacen que se retrase la instalación. Sucede lo mismo cuando las empresas que se encargan de operar las redes eléctricas, tras recibir el pago correspondiente, no inician sus trabajos de inmediato.

 

Sistemas de subvenciones más claras

Las subvenciones planteadas para la compra de vehículos eléctricos e instalación de puntos de carga necesitan de un criterio unificador entre todas las partes. Eso ayudaría a acortar los plazos así como también a incentivar la compra y la inversión en las mismas. Actualmente la justificación de las ayudas hace que los plazos se disparen y que el cobro de la subvención se realice mucho tiempo después.

 

Falta de inversión

Según Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), el gran problema es la inversión necesaria para cumplir con el objetivo en tan poco tiempo. Las empresas que forman parte de esta Asociación necesitan instalar unos 20 mil puntos de recarga para cumplir con la ley. Y teniendo en cuenta que los cargadores de vehículos eléctricos tienen un coste de entre 3 a 6 mil euros por cada uno de ellos, la inversión a realizar es bastante alta.

Existen fondos e inversores dispuestos a ser parte de la nueva movilidad sostenible del país pero, la lentitud y los problemas administrativos son otras de las grandes fallas.

 

Fondos de apoyo para los puntos de carga de vehículos eléctricos de las Comunidades Autónomas

Sitios como Valencia, Pamplona, Mallorca o Castellón muestran el interés general por la ampliación de los puntos de carga para vehículos eléctricos.

Por ejemplo, en Valencia, se acaba de aprobar la instalación de seis puntos de carga en la Ciudad de la Justicia.

En Pamplona, el propio Gobierno y Ayuntamiento firmaron un convenio de colaboración para impulsar la creación de estos puntos de carga. Mientras que en Mallorca se establecen ayudas de hasta 6 millones para dichas instalaciones. Pero volvemos al mismo problema de antes, no se trata únicamente de implementar las ayudas sino de simplificar su obtención junto con los permisos de instalación.

 

¿Qué soluciones podemos plantear ante este problema?

La propia Asociación de Grandes Empresas (Anged) ha propuesto al Ministerio de Industria un plazo de tres años para que se realice la debida instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos. Para ello, se apoyan en el hecho de que España es el único país de toda la Unión Europea que ha decidido adelantar los plazos de la Directiva Europea de Eficiencia Energética. Con lo cual, que haya una ampliación de dichos plazos sería una gran solución.

También el hecho de que se cree una oficina específica para la solicitud de permisos o que existan más funcionarios trabajando en ello. Y por supuesto, el hecho de simplificar al máximo el trámite junto con la implementación de un “silencio administrativo positivo” que permita a quienes tramitan la solicitud entenderla aprobada si tras un tiempo considerable no han obtenido respuesta por parte de la administración.

Por otro lado, una solución en cuanto a las compañías de la red de distribución eléctrica sería establecer una sanción cuando exista un incumplimiento de los plazos establecidos así como también el facilitar la realización de solicitudes conjuntas tanto para instalar un punto de carga como para extender la red eléctrica.

En cuanto a los sistemas de subvenciones, el hecho de poder adelantar el pago de la misma en el momento de la concesión sería una gran solución para muchas empresas, donde se podría establecer algunas normas como la aportación de un aval o seguro para ello.

La implementación de estas soluciones ayudaría a que exista una mayor fluidez en todos los actores y fases que forman parte de este procedimiento y que como consecuencia, exista una mayor rapidez en la instalación de puntos de cargas para alcanzar el objetivo establecido en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía.

 

Powerdot: colaborador clave en la instalación de cargadores VE

Powerdot, experto en el sector de VE puede ser el aliado perfecto para las empresas que deban cumplir con la ley 29/2021. Independientemente de la decisión final del Ministerio de Industria de aplazar dicho objetivo, es algo que tarde o temprano las empresas deberán implementar en sus aparcamientos no residenciales.

Para aquellas empresas que requieran ayuda y no puedan costear la inversión, Powerdot es el colaborador clave en ello. Sin costes de instalación ni de operación, con un software de gestión único y puntos de carga accesibles para todos, nos basamos en la facturación compartida, por lo que se trata de un beneficio para todos: la empresa podrá cumplir con lo exigido por ley con la ayuda de un experto en el sector que lleva años realizando instalaciones por toda Europa.

Desde Powerdot queremos ayudar a la transición en el uso de coches eléctricos en España, y estamos dispuestos a colaborar con todas las empresas que lo requieran.

 

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